En el corazón de las dinámicas laborales del Perú yace una práctica controversial que afecta a miles: las pasantías o prácticas ad honorem. Esta modalidad, aparentemente benigna y destinada a proporcionar experiencia laboral a jóvenes estudiantes o recién graduados, ha sido objeto de creciente crítica por su explotación y falta de compensación económica justa. ¿Cómo afecta realmente esta práctica a quienes la llevan a cabo y qué implicaciones tiene para el futuro laboral del país?
Las prácticas ad honorem, definidas como períodos de trabajo no remunerado, son comunes en diversas industrias del Perú. Sectores como el periodismo, la educación, la salud y la administración pública a menudo requieren que los jóvenes profesionales trabajen sin salario bajo la premisa de adquirir experiencia y habilidades. Sin embargo, este modelo presenta serias deficiencias en términos de equidad y justicia laboral.
Para muchos jóvenes, aceptar una práctica ad honorem es la única vía para ganar experiencia laboral relevante en su campo. Esto crea un ciclo de dependencia donde los empleadores se benefician del trabajo gratuito mientras los trabajadores se enfrentan a condiciones precarias. Además, la falta de regulación clara permite que estas pasantías se prolonguen indefinidamente, privando a los jóvenes de una compensación justa por su tiempo y esfuerzo.
Las prácticas ad honorem perpetúan desigualdades económicas al excluir a quienes no pueden permitirse trabajar sin salario. Esto afecta desproporcionadamente a jóvenes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, limitando sus oportunidades de acceder a roles profesionales. Como resultado, se perpetúa un ciclo de pobreza y falta de movilidad social que obstaculiza el desarrollo inclusivo del país.
A nivel legal, la legislación peruana carece de una regulación específica que proteja a los pasantes ad honorem. La ausencia de normativas claras deja a los jóvenes en una posición vulnerable frente a prácticas abusivas y explotadoras. Organizaciones y activistas han llamado repetidamente a una reforma que asegure condiciones justas para todos los trabajadores, independientemente de su estatus de pasante.
Las empresas y las instituciones educativas juegan un papel crucial en la perpetuación o mitigación de esta injusticia. Aquellas que valoran la equidad y el desarrollo profesional justo deben reconsiderar sus políticas de contratación de pasantes ad honorem. Del mismo modo, las universidades y colegios tienen la responsabilidad de educar a sus estudiantes sobre sus derechos laborales y apoyar iniciativas que promuevan prácticas justas.
Para abordar esta injusticia de manera efectiva, es fundamental adoptar medidas que equilibren las necesidades de las empresas con los derechos de los trabajadores. Implementar remuneraciones justas para pasantes ad honorem, establecer límites claros en la duración de estas prácticas y promover la transparencia en los procesos de contratación son pasos críticos hacia una reforma significativa.
Las prácticas ad honorem en el Perú representan una forma encubierta de explotación laboral que perpetúa desigualdades sociales y económicas. Es imperativo que el gobierno, las empresas y las instituciones educativas trabajen en conjunto para desarrollar políticas que garanticen condiciones laborales justas y oportunidades equitativas para todos los jóvenes profesionales.